Por: Claudia Peiró cpeiro@infobae.com
Dos especialistas de Usina de Justicia explicaron cómo las bondades del nuevo Código Procesal Penal quedan desvirtuadas por una implementación que profundiza la injerencia del poder político en los tribunales
En el último encuentro del foro Usina de Justicia, Marcelo Romero y Ricardo Sáenz expusieron las peculiaridades de la aplicación del llamado sistema acusatorio, en dos realidades temporal y jurisdiccionalmente diferentes: la provincia de Buenos Aires, donde esta reforma tuvo lugar bajo la gobernación de Eduardo Duhalde, y la de la Nación, cuyo Código Procesal Penal está en vísperas de iniciar ese tránsito.
La primera conclusión que cabe sacar –tras escuchar a los especialistas- es que, una vez más, una idea positiva, una reforma necesaria, es desvirtuada por una metodología de aplicación que revela una finalidad diferente a la enunciada.
Así como el lema de la educación inclusiva esconde una política que está llevando a la degradación de la escuela pública; así como la redistribución del ingreso ha sido la excusa para el clientelismo; o la necesaria nueva ley de medios, una herramienta para intentar controlar a la prensa; ahora, la reforma del Código Procesal Penal (CPP) tiene por objeto primero y principal no la búsqueda de una justicia más eficiente sino su partidización para garantizar la impunidad del poder político.
"La reforma del CPP se inscribe en un proceso de un gobierno que toma conciencia de que no será eterno - afirmó Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal -; al no poder reformar la Constitución para imponer la reelección indefinida, el Gobierno lanza varias maniobras". Entre ellas enumeró la llamada "democratización" de la justicia, en 2013, cuando se pretendía votar a los consejeros de la magistratura junto con los diputados y el intento de reformar el Código Penal - maniobra desmontada por la intervención de un precandidato presidencial-.
"Cuando no pudieron avanzar por el lado de los jueces, vinieron por el lado de los fiscales"
También mencionó el envío del pliego de Roberto Carlés a la Corte, la ofensiva contra el juez supremo Carlos Fayt, el nombramiento de un juez afín en el juzgado electoral de La Plata, el aplazamiento del fallo sobre el Memorándum de la AMIA y el fin de la subrogancia de Luis Cabral, entre otros.
"Cuando no pudieron avanzar por el lado de los jueces, vinieron por el lado de los fiscales", dijo Sáenz, en referencia a la reforma del CPP, que introduce el sistema acusatorio. "Un sistema acusatorio con el que estamos de acuerdo porque es el más indicado, pero al gobierno no le interesa lo que dice el código; de lo que se trata es de nombrar gente y lo están haciendo todos los días".
Con las leyes para la aplicación del CPP, el Gobierno buscó esencialmente darle amplios poderes al Ministerio Público Fiscal hoy encabezado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, que ya nombró 16 fiscales subrogantes para la Cámara Federal, hoy frenados por una cautelar.
"Pero cada vez que paran es para tomar impulso", advirtió Sáenz. Primero fue la reglamentación y luego la implementación del CPP. "Lo que yo creí que no se iban a animar a hacer, lo hicieron. Este Gobierno permanentemente corre el paradigma jurídico", afirma.
"Que el Estado pueda elegir al fiscal después del hecho, lesiona el interés del ciudadano, no del fiscal"
"La gracia está en la asignación de los casos", dice. Están violando la garantía del juez natural, es decir, que antes del hecho ya debe estar establecido cuál será el magistrado actuante. "Que el Estado pueda elegir al fiscal después del hecho, no lesiona el interés del fiscal, sino el del ciudadano".
Este es uno de los aspectos en los que el Gobierno más avanza en un sentido violatorio de las garantías constitucionales: la asignación de casos. Como lo explicó el fiscal Sáenz, el oficialismo dividió el país en distrito y creó el cargo de fiscal coordinador de distrito, que es designado por la Procuradora por dos años y es ese funcionario el que presenta un plan o un mecanismo para la asignación de los casos, que puede ser por turnos o por el sistema que se le ocurra. En concreto, dice Sáenz, "el fiscal coordinador puede asignar una causa a cualquier fiscal".
La reglamentación del nuevo CPP impulsada por el Gobierno también establece que el Procurador designa a los miembros del jurado para los concursos y prevé la creación de procuradurías especializadas –"para blanquear las que ya creó Gils Carbó"(1), aclara Sáenz-.
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El sistema bonaerense
En la provincia de Buenos Aries, el sistema acusatorio rige desde fines de los 90, cuando el entonces gobernador Eduardo Duhalde promovió una amplia reforma de la justicia que incluyó un nuevo CPP y también un nuevo Código de Ejecución Penal.
El sistema acusatorio delimita claramente los roles, explicó Marcelo Romero, fiscal del Departamento Judicial La Plata. Antes los jueces penales hacían todo: investigación, instrucción, sentencia. Y el fiscal hacía muy poco. Con el nuevo sistema, la investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal que trabaja con la policía.
"El sistema acusatorio es el que más se adapta a nuestra Constitución"
Aquí Romero señaló una deficiencia del sistema, porque, al no haberse creado una Policía Judicial como auxiliar de los fiscales, el control real en el terreno lo tiene la policía bonaerense. "Ella es la que da origen a las estadísticas, que son oficiales, pero con un lenguaje pícaro se desnaturalizan los números reales: por ejemplo, un muerto con cinco tiros en la espalda es homicidio o muerte dudosa según como se labre el acta policial", explica Romero.
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"Lo positivo es que el sistema acusatorio es el que más se adapta a nuestra Constitución –sostiene el fiscal-. En cuanto a una de las objeciones que se formula a este sistema, dijo: "¿Quita poder a los jueces? Los fiscales podemos investigar e instruir la causa, pero toda excepción a las garantías constitucionales, como detención provisoria, allanamiento de domicilio, interceptación de comunicaciones y otras, es resorte de los jueces. El fiscal pide una medida, pero el juez la puede rechazar. El juez no es aliado del fiscal, es juez. Y los jueces de garantía controlan el accionar tanto de fiscales como de los demás jueces".
Los principales escollos para que este sistema derive en un mejor funcionamiento de la justicia es por un lado la insuficiencia de medios y por el otro los vaivenes políticos en una provincia que pasó de la "mano dura" que propiciaba Carlos Ruckauf al abolicionismo a la Zaffaroni, pasando por la reforma de León Arslanian. "Esto deja a los fiscales a la deriva", señaló Romero.
"Tenemos una jefa de fiscales, pero no tiene la militancia descarada de Gils Carbó"
"Si bien en la provincia tenemos una jefa de fiscales [María del Carmen Falbo] no tiene la militancia descarada de Gisl Carbó –dice Romero-; es bastante más independiente, pero también está sometida a vaivenes ya que es una designación política".
El departamento La Plata tiene dos millones de habitantes. Una sola fiscalía puede llegar a manejar 30.000 causas. En quince días ingresan entre 1000 y 1500 causas. Por temor a Asuntos Internos, la policía tramita todas las denuncias y al no existir una justicia de menor cuantía, todo va a parar a las fiscalías.
Romero asegura que hay una buena policía científica –"jamás harían lo que se ve en el video del allanamiento al departamento de Alberto Nisman", sostiene-, cooperación de Gendarmería y contralor por parte de los organismos de Derechos Humanos. "Me parece bien que controlen; lo que no me parece bien es que la Procuración les tenga terror, ya que sus presentaciones a veces tienen fundamento pero otras veces son políticas".
En cuanto a la injerencia del poder político, "las suspicacias quedan reducidas a una fiscalía, objetada por la mayoría de los fiscales, llamada Unidad Funcional de Investigaciones Complejas –dice Romero-, o sea, las que convienen al Estado, las causas de corrupción; pero no tenemos las presiones que hay a nivel federal". Por lo general, el mecanismo al que se apela es el del apartamento de la causa, aclara.
Agenda judicial 2016
Consultados acerca de qué cambios se debería impulsar bajo una nueva administración para poner coto a la intromisión del poder de turno en la justicia, y para un óptimo funcionamiento del sistema acusatorio, ambos fiscales coincidieron en un punteo que incluye:
Una nueva ley de Ministerio Público (Procuración)
La creación de una Policía Judicial, tanto en el ámbito provincial como nacional, como auxiliar de los fiscales.
Asignación de causas por sorteo.
Nueva ley de subrogancias, para nombramientos menos arbitrarios que los que habilita la reciente reglamentación.
(1) Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría sobre Violencia Institucional (Procuvin), la Procuraduría sobre Trata de Personas y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre otras.
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