Los errores de ayer y las consecuencias del hoy

Por

Juan Carlos Pagotto

Hoy se asiste al festival de la sinrazón, y muchos de aquellos que fueron funcionales a un sistema político engañoso, se han topado con la realidad de bruces y la misma se les ha plantado frente a sus rostros azorados como estentóreo reproche de lo que se debió hacer y no  hicieron.-

Ha cobrado un nuevo impulso en su agonía brutal la concepción ideológica de un régimen que ha destruido los cimientos mismos de la sociedad, implantando  un  sistema de disgregación y conflictividad nunca visto en nuestro país y tributario de las ensoñaciones tiránicas del asesino Fidel Castro y su discípulo predilecto Chávez Frías.- El derecho ha pasado a ser una mera cuestión referencial solo para la protección de los acólitos del régimen y muchos jueces en los custodios de ese sistema de perversiones jurídicas, entre ellas, quizás la más importante es la inflación penal y la degradación del proceso penal a una simple cuestión de represión de un Estado Policiaco con direccionalidad preferencial a los díscolos que no se allanan o someten a la majestad de la señora, sus delfines y noveles yuppies de méritos auto asignados y prominentes billeteras.-

Hoy los permisivos de ayer, vuelven sus miradas a la historia más recientes y algunos, con espíritu de autocritica, recuerdan el paso de ser un poder independiente del estado a una agencia dependiente del ejecutivo y con ello la perdida de la legitimidad como función esencial (Por más que algunos todavía convencidos de la eternidad del régimen y de su impunidad ante las tropelías en contra del sistema jurídico se autodenominen “legítimos”).-

Sin dudas, el proceso penal como nunca se ha convertido en el arma del gobierno para el control político de la sociedad.- Los que ejercen el poder en este auto declamado Estado de Derecho no son clientes del sistema penal, son sus mentones o en el mejor de los casos espectadores privilegiados de la danza de condenas a la oposición.- Pero gran parte de la culpa la tienen los jueces que so pretexto de imitar al delincuente de Garzón Valdez renunciaron al derecho para convertirse en ejecutores de una política totalitaria que se amparaba en una unilateral promoción de los derechos humanos selectivos ideológicamente.- La utilización indebida del proceso penal, el olvido de los principios elementales del derecho penal y la administración de justicia militante no es una cuestión gratuita, que vaya a pasar así nomas, por el contrario corroe las entrañas mismas del sistema republicano y destruye la confianza de la sociedad, que descubre con sorpresa que, aquel poder en el cual podía guarnecerse y defender sus derechos es solo una mera ilusión utópica y que en realidad solo sirve como un elemento más de una política totalitaria que no tiene en cuenta a nadie que no pertenezca a la grey castro chavista marxistoide.- Y de esta manera se escribió una nueva historia con héroes inventados sobre el esqueleto de los violentos de ayer hoy disfrazados de héroes románticos y de los alcahuetes de siempre que, obsecuencia mediante, aplauden el desastre para cobrarse las sobras.-

Toma de la Legislatura

El Independiente del 31/12/2007

Nueva nulidad contra requisitoria del fiscal Ana y de todo lo actuado

Otro abogado defensor planteó la nulidad absoluta de la requisitoria fiscal de instrucción, sus reformulaciones, intervención irregular de los agentes del Ministerio Fiscal y del Fiscal General, en la causa por la toma de la Legislatura. Asimismo, por los vicios apuntados, reclama la invalidación de todos los actos procesales cumplidos hasta el momento.

El abogado Juan Carlos Pagotto presentó ayer ante el juzgado de Instrucción Nº 2, subrogado por el Dr. Miguel Angel Morales, un escrito de sesenta carillas solicitando la nulidad absoluta de la ampliación efectuada por el Fiscal General, Dr. Claudio José Ana, en la que imputa el delito de sedición a los funcionarios mazistas Natalia Albarez Gómez, Jorge Bengolea, Ricardo Lebedevsky, Jorge Maza, Julio Garay, Alejandro Caridad, Adolfo Scaglioni, César Cáceres y Fabián de la Fuente, en el carácter de directores del alzamiento.
Recuerda que por vigencia del Código de Procedimientos Penales la acción penal es pública y su ejercicio corresponde al Ministerio Fiscal y admite una sola excepción, los delitos de acción privada y determina el principio de legalidad, ordenando que deberán iniciarse de oficio, siempre y cuando no dependa de instancia privada.
Apunta que la imputación por parte del juez de Instrucción, como pretende el Fiscal General, en este estadio procesal es una mayúscula aberración jurídica, por cuanto corresponde al Ministerio Fiscal la promoción de acción y la imputación a persona o personas determinas sobre la base de exigencias probatorias fundadas.
Además, sostiene que en la causa se produce la ruptura del principio de igualdad, toda vez que existen tres fiscales (aún no está firme el apartamiento de dos de ellos), mientras que el Código de Procedimientos establece que el imputado no podrá ser asistido simultáneamente por más de dos letrados.
También reprocha al fiscal haber recoletado pruebas preprocesales sin incorporarlas al proceso, poniendo en desventaja a la defensa técnica, que además no puede valorar el grado de conocimiento del Ministerio Fiscal sobre la conducta atribuida a los imputados y con ello determinar si la conducta de los agentes fiscales se adecuó a las normas que rigen la requisitoria fiscal de instrucción o promoción de acción.
En otro de los puntos reprocha la falta de motivación del dictamen del fiscal Ana. Entiende que la requisitoria, en su primera parte, es un simple resumen de los contenidos de la denuncia y luego de ello, promueve la acción penal con imputados concretos a los fines sibaríticos y funcionales de la coyuntura y sin descripción de conducta delictiva (o conducta típica) basada en pruebas concretas o indicios vehementes. Sostiene que la importancia y trascendencia penal de la acusación requiere aún mayor esfuerzo en su demostración, aunque más no sea por la entidad punitiva del reproche que se cierne sobre algunas personas en un caso determinado como el que se encuentra en tratamiento.
También el abogado Pagotto considera iregular la participación del fiscal Ana en la causa en razón de haber sido acusado por uno de los imputados de inducirlo a falso testimonio. Cree que el fiscal debió apartarse hasta tanto se esclarezca esta imputación, lo que debería canalizarse con una vista fiscal.
Punto seguido sostiene que el fiscal Ana, en su escrito de ampliación de la acción penal, como pruebas de la existencia de una presunta sedición valora de manera tergiversada, cuando no falsamente los elementos probatorios. Cita de ese escrito: “Que conforme las circunstancias descriptas y debidamente acreditadas corresponde, ante la omisión del tribunal, reformular la calificación penal del elemento fáctico inmutado en los términos del art. 226 del Código Penal- ‘Delito de Sedición’ – en virtud de haberse verificado claramente la existencia de un alzamiento público hostil que mediante la utilización de objetos con poder ofensivo (arma impropia) invadieron el edificio legislativo, impidiendo temporalmente que los señores diputados cumpliesen con la función legislativa que estaban desarrollando”.
Dice ignorar el letrado “ni el fiscal determina, qué arma en sentido impropio vio en la prueba (videos), salvo una botella plástica que impactó en la amplia frente del comisario legislativo, y que por sentido común, no puede denominarse ni siquiera arma en sentido impropio, como no cabría tal denominación a una servilleta de papel, o se atribuyera tal calidad (aunque deseos no nos faltan) a una de las tantas requisitorias fiscales de instrucción que agobian las úlceras del foro”.
Luego de una extensa fundamentación, con respaldo de citas doctrinarias y jurisprudenciales, el Dr. Pagotto concluye que la existencias de gravísimos vicios que conculcan derechos y garantías constitucionales, la sanción de nulidad es una consecuencia lógica y remedio específico que solicita sea aplicado a las actuaciones. En consecuencia, solicita al juez actuante que dicte la nulidad absoluta de todos los actos procesales cumplidos hasta el momento.

Índice y decálogo de los países desdichados

Por: Carlos Alberto Montaner

• Bloomberg Business reveló recientemente que Venezuela es el país más “miserable” del mundo. La traducción es demasiado literal. En español sería más apropiado decir que es el más “desdichado”.

La aseveración de Bloomberg surge de la aplicación de una simple fórmula acuñada hace más de medio siglo por el economista norteamericano Arthur Okun: se suman el nivel de desempleo y el índice de precios. Con esos elementos se compila el “Misery Index”.

Venezuela, en efecto, tiene la inflación más alta del planeta, lo que se refleja en el índice de precios, pero su nivel de desempleo es bajo: menos de un 7%, aunque la mayor parte de los puestos de trabajo han surgido en el sector público, dado que miles de empresas han debido cerrar sus puertas por las desquiciadas medidas antieconómicas del gobierno chavista.

El segundo país en ese “Índice de Desdicha” es Argentina. A una escala menor, el gran país sudamericano también es víctima de una altísima inflación. Nada nuevo bajo el sol. Lleva décadas de intermitentes malos gobiernos. Como el bandoneón que tanto gusta en aquellos parajes, se expande o contrae frecuentemente. Ahora está en una fase aguda de contracción.

La inflación y el desempleo son dos flagelos que explican la desgracia de una sociedad, pero no son suficientes. Yo agregaría otros ocho factores para construir el decálogo de las desdichas capitales.

El desabastecimiento sería el tercero. Pasarse la vida en una fila esperando para poder comprar algo es una maldición que suele materializarse en los países socialistas de economía centralizada y controles de precios. Los venezolanos ya han descubierto el horror de pelearse a puñetazos por comprar unos pollos o tres rollos de papel higiénico.

El cuarto sería el porcentaje de delitos. Es espantoso vivir con la guardia en alto, encerrado en la propia casa, sometido a un virtual toque de queda porque tan pronto se pone el sol los ladrones, asesinos y violadores salen a cometer sus fechorías. Según el International Crime Index, que computa una docena de graves violaciones de la ley, Venezuela es el segundo país del planeta en número de delitos (84.07). El peor es Sudán del Sur (85.32), un país recién estrenado en medio de una guerra civil. Más de 50 se considera una sociedad peligrosa. Singapur, la menos peligrosa: 17.59.

El quinto es el nivel de corrupción de la administración pública. Como se trata de delitos ocultos, hay que confiar en la opinión general de la gente. La institución dedicada a medir estas percepciones es Transparencia Internacional. De acuerdo con ella, Venezuela es una pocilga. Es el 160 de 175 países escrutados. El peor, con mucho, de Hispanoamérica.

El sexto es la protección y la calidad de la justicia. Si cuando usted tiembla, llama a la policía para que lo proteja, es una buena señal. Si cuando la policía se acerca, usted tiembla, la situación es muy grave. A la labor de los agentes del orden se agrega la existencia de leyes razonables, jueces justos, procesos rápidos y cero impunidad.

El séptimo es la movilidad social. La posibilidad real de mejorar la calidad de vida por medio del esfuerzo propio. No hay situación más triste que saber que, hagas lo que hagas, tu vida seguirá siendo pobre, y lo más probable es que mañana será peor que hoy.

El octavo es el PIB per cápita. Es decir, la suma del valor de los bienes y servicios producidos por una sociedad durante un año. Se podrá alegar que la repartición es desigual, pero hay una evidente correlación entre el PIB per cápita y la calidad de vida. Como regla general, los 20 países con mayor PIB per cápita del mundo son los que encabezan el Índice de Desarrollo Humano que publica la ONU.

El noveno elemento es la libertad. Aunque no se menciona, los países menos libres, aquellos en los que la camarilla del poder toma todas las decisiones, aporta todas las ideas e impone sus dogmas por la fuerza, son los más pobres y los menos dichosos.

El décimo, por último, es la cantidad de emigrantes. No hay síntoma más elocuente del fracaso de una sociedad que el porcentaje de gente que tiene que escapar de ella para sobrevivir. Mientras más educada es la emigración –como sucede con la venezolana—más evidente es el desastre. Cuando emigran los emprendedores, los ingenieros, los médicos, las personas que teóricamente pudieran labrarse un buen porvenir en la patria en que nacieron, es la señal de que estamos ante sociedades fallidas.

Hay que compilar ese índice. Cruzar esas variables sería muy útil.