LOS JUECES NO TIENEN LA CULPA

Por

Ricardo Guibourg.

Fuente: Diario La Nación, 25.08.2010.
¿Salideras bancarias? Los jueces tienen la culpa. ¿Violaciones, asesinatos? Los jueces son los responsables. ¿Hay asaltos? ¿El Riachuelo sigue sucio? ¿Las quiebras dejan un tendal de acreedores impagos? ¿El modelo sindical es una fuente de conflictos? Caramba, estos jueces?
En una época, se suponía que los jueces estaban allí para hacer cumplir las leyes. Podía discutirse si un magistrado había apreciado correctamente la prueba (lo que sólo se planteaba entre los litigantes de un caso concreto) o si su interpretación de la ley era la más adecuada (lo que generaba debates más amplios en la prensa especializada), pero las leyes estaban allí, en los códigos, para que cualquiera pudiera comparar la norma con la realidad y determinar si un juez se había apartado groseramente de ella.
Por varias razones históricas, entre las que se cuenta el hastío de muchos frente a acciones u omisiones legislativas que consideraron injustas, esta situación ha cambiado. Se reclama a los jueces que, por encima de la ley, apliquen los principios de justicia. Este reclamo se formula de buena fe, pero entraña una imposibilidad práctica. No porque las sentencias no puedan ser más o menos justas, sino porque los principios, aunque figuren en cláusulas constitucionales y en tratados internacionales, se hallan enunciados de modo tan genérico que, más que "estar ahí", dependen de la apreciación subjetiva de quien las lee e interpreta frente a un caso concreto. ¿Ha de autorizarse el aborto terapéutico para preservar la salud de la madre (y, acaso, también para garantizar la autonomía de la mujer)? ¿Ha de rechazarse, porque la vida del feto debe preservarse antes que nada? Muchos hablan de ponderar (pesar, comparar) los principios en juego, pero nadie ha sido capaz de construir la balanza y el sistema de pesas y medidas que permitan ejercer esa actividad de manera objetiva.
Librado así el derecho a la subjetividad disfrazada de evidencia, la sociedad concede a los jueces un poder mayor que el que ellos pudieran haber reclamado algún día, pero, al mismo tiempo, les pide cuentas desde lugares opuestos, lo que implica que, decida lo que decidiere, el magistrado está condenado de antemano a la crítica, a la denuncia por mal desempeño a manos de la parte vencida y, en los casos más dramáticos, a un verdadero linchamiento mediático.
Voy a hablar de la justicia penal, porque ella es la que acapara los titulares de los diarios. Se hace jurar al juez el fiel cumplimiento de la Constitución y de la ley; el código de procedimientos le ordena preservar el principio de inocencia mientras no haya sentencia definitiva y, como consecuencia de esto, le indica que el procesado debe ser excarcelado durante el proceso, a menos que se den ciertas condiciones concretas que poco tienen que ver con la gravedad del crimen ni con la intensidad de la sospecha de culpabilidad. Otro tanto sucede en el caso de la libertad condicional. Pero, al mismo tiempo, se exige al juez que se constituya en garante de que el imputado, una vez en libertad, no vuelva a cometer otro delito: si lo hace, el juez cumplidor de la ley queda convertido, por un hecho ajeno, en culpable mediato de violaciones y asesinatos. Tal vez se piensa que el magistrado debería llevarse a su casa al presunto delincuente para tenerlo vigilado de cerca, o que, antes siquiera de haberlo condenado, debería asegurarse de que está arrepentido y convertido en un buen padre de familia y ejemplar ciudadano.
La sociedad se debe a sí misma alguna clarificación acerca de la función de los jueces, que no debe ser ilimitada, y de su responsabilidad, que tampoco debe serlo. Si la opinión pública quiere eliminar la excarcelación y la libertad condicional tendrá que reclamar a los legisladores que así lo hagan, y, antes de cumplir este mandato, convendría que los legisladores examinaran a su vez los compromisos asumidos por el estado en materia de derechos humanos y de garantías penales. El Poder Judicial tiene sus problemas -todos lo sabemos, aunque hacemos poco para resolverlos-, pero echar a los jueces el fardo de todo lo que el Legislativo y el Ejecutivo no pueden o no quieren hacer es tan injustificado e inútil como los sacrificios humanos que otrora se hacían para aplacar a los dioses.
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El autor es director de la maestría en Filosofía del Derecho de la UBA