Corrupción. Más allá de los mitos

TRIBUNA: OPINIÓN BERNARDO KLIKSBERG

Soborno, coima, mordida... Tres formas de denominar a la auténtica plaga de la sociedad actual. Una clave para frenar su expansión es mejorar la transparencia de la gestión pública y privada

BERNARDO KLIKSBERG 08/03/2009

· Según los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".

Cuanto más equitativas son las sociedades y mayor es la participación social, menor será la corrupción

Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que los Duvalier habían transferido a cuentas suizas

Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.

Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:

Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.

Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.

Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.

Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".

Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.

Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.

Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.

Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.

¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.

Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.

Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.

A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.

Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.

La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".

Bernardo Kliksberg es autor de numerosas obras. La más reciente, escrita con el premio Nobel Amartya Sen, Primero la gente (Planeta/Deusto). Es asesor principal de la dirección del PNUD/ONU para América Latina.

DECLARACIÓN DE LA A.A.P.D.P.P. “AL DESCONOCER LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES SE PONE EN PELIGRO LA REPÚBLICA”.

 

Estamos asistiendo a un momento de la vida político-institucional de la República en el que algunas acciones de gobierno se han traducido en concretos intentos de supervisar y avasallar la actividad de jueces y en desborde del poder de turno y de los grupos económicos-mediáticos que desde hace años vienen poniendo en jaque las instituciones consagradas por la Constitución Nacional.-

Es muy serio y muy grave para la salud de la República el respeto irrestricto de las disposiciones de su Carta Magna y, en especial, en lo referente a la función que asigna a los magistrados del Poder Judicial. Es que se trata de la jurisdicción como labor de velar por su vigencia y de corregir, consecuentemente, desviaciones, excesos y violaciones a las disposiciones de un ordenamiento jurídico que pretende realizar los más altos valores de la sociedad.-

En tal sentido, son los jueces quienes deben -a pesar de las vicisitudes por las que atraviese una sociedad- sentar y hacer respetar los mandatos constitucionales porque en ello radica la esencia misma de la República, porque de ese modo es del único posible en que se tendrán en cuenta los niveles de dignidad alcanzados por el hombre a través de los tiempos, de la sangre y del horror.-

Esto es realmente indiscutible a partir de la Revolución Francesa y de los principios de la Constitución norteamericana, fuentes de nuestra propia Constitución Nacional y reflejo y contenido de las aspiraciones más elevadas de una comunidad que pretende organizarse sobre los valores más trascendentes a la vida del hombre. Eso es una constitución y de ella deriva todo un sistema concatenado de normativas de derecho que, al mismo tiempo, siempre retornan a sus principios y disposiciones.

En ese camino, los jueces son la reserva última con que cuentan los miembros de la sociedad que reclaman porque dichos principios de convivencia sean reales y concretos en la vida cotidiana. Si ellos no estuvieran y si no respondieran a su triple exigencia de ser competentes, imparciales e independientes del poder político de turno, en lugar de convivencia en paz tendríamos la ley de la selva con su violencia y su justicia por mano propia como forma desviada de resolver los conflictos entre los habitantes.-

Esto parecía ya ser una etapa superada pero resulta que, es gravemente cada vez más frecuente, que el poder político tanto a nivel nacional como en muchas provincias avanza sobre las esfera de la función jurisdiccional cada vez que sus decisiones no le complacen o no convienen a sus apetencias y que pretenda imponer a los magistrados que la cumplen -especialmente, a través del arma de la amenaza de enjuiciamiento y destitución- el dictado de resoluciones dirigidas a satisfacer sus intereses sectoriales antes que a la vigencia de un orden jurídico acorde con la Constitución Nacional.-

Se ha olvidado que ya desde el Preámbulo nuestra Ley Fundamental explicita sus fines tales como -entre otros de similar relevancia- los de “…afianzar la justicia, consolidar la paz interior… y asegurar los beneficios de la libertad…”. Y todo ello a través de la vigencia y supremacía de la normativa que ella misma impone sustentada en el pacto fundacional que ella significa y conlleva.-

En ese camino, es necesario recordar que, por mandato del art. 109, el Presidente de la República -como máximo magistrado del Poder Ejecutivo, lo que significa que, a partir de allí, todos los restantes funcionarios del sistema- tiene vedado introducirse en cuestiones judiciales. En consecuencia, las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial están estrictamente separadas lo que, a su vez, también se determina entre las de este último y las del Poder Legislativo. Es que la organización institucional establece las tres funciones básicas de administrar, legislar y juzgar como exclusivas y excluyentes de los respectivos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sin permitir que los funcionarios de uno realicen las de los otros.-

Esto no pretende ser una clase de Derecho Constitucional básico sino provocar una suerte de reflexión severa y profunda sobre una realidad que hoy es más que llamativa, verdaderamente preocupante. Asistimos a la intromisión de los poderes públicos en el terreno de la función de administrar justicia que es, bueno es reiterarlo, exclusiva y excluyente de los magistrados del Poder Judicial. Y esta suerte de corriente política se exhibe con descaro y sin tapujos, como demostración de un ejercicio del poder desbordado y sin pretensión de mostrarse siquiera como respetuoso del orden jurídico. Para ello, son patéticas las pretendidas justificaciones que se ensayan desde que todas exhiben el autoritarismo y la falta de observancia de los límites que impone la propia Constitución Nacional. Hemos llegado a un punto en que se censura -y se lleva a enjuiciamiento- a los jueces POR APLICAR LA LEY VIGENTE. Y decimos que es gravísimo porque se lo hace en nombre de una sociedad a la que se confunde con total intención de que no sea soberana colocándosela en una falsa disyuntiva entre vigencia y aplicación de las garantías individuales de la Constitución y caos, delincuencia y sufrimiento de las consecuencias del delito.-

Impunidad no; persecución penal cuando corresponda pero con respeto de garantías individuales.-

Sin embargo, ese mensaje siniestro en contra de estas últimas es moneda común y corriente en el lenguaje cotidiano de los políticos y también de un ejercicio de la prensa que no se preocupa, en general, por divulgar el paradigma de la paz y la convivencia social debido. Se tilda de “garantistas”, con verdadera actitud peyorativa, a quienes sostenemos en toda situación la vigencia de la Constitución Nacional y el respeto de los límites logrados a través de siglos de lucha por alcanzar niveles de dignidad del hombre: no es posible -sin incurrir en abuso del poder y arbitrariedad- pretender una persecución penal de cualquier forma y contenido pues la República exige respeto irrestricto a las garantías individuales.-

Y es curioso que una sociedad que, como la nuestra, ha sufrido la inequidad y el horror causado por los gobernantes de facto y que se ha prometido el “NUNCA MAS” como reafirmación de su pacto de convivencia en paz, sea la misma que ahora soporte y asista pasivamente a la creciente ola de presión sobre los jueces que sufren verdaderas amenazas sobre la continuación en sus cargos y funciones solamente porque aplican las garantías individuales a los imputados de procesos penales en los cuales EL DESBORDE Y LA VIOLACION CONSTITUCIONAL SON COMUNES Y CORRIENTES.

Para eso están los jueces y también para recordar que -si de algo queremos diferenciarnos los argentinos que hemos sufrido los efectos de las dictaduras militares- es de la barbarie, del ejercicio del poder sin garantías, en fin, de parecernos a los torturadores y a los violadores del Estado de Derecho. Si obligamos a los magistrados a que se pronuncien justificando dilaciones indebidas que constituyen violaciones constitucionales, entonces estaremos prohijando que la República se transforme en un país autoritario y sin ley, que retorne a ese pasado bochornoso al que nunca debimos haber llegado y al que no queremos volver.-

Y esto es así cuando se pretende llevar a enjuiciamiento a algunos de los más distinguidos y calificados magistrados de la Nación cuya falta habría consistido en aplicar las garantías individuales de la Constitución Nacional a personas sometidas a proceso a quienes -más allá de los sentimientos personales que seguramente podamos compartir a partir de los actos que se les reprochan- debemos someter a juicio oral y público y dictarles la sentencia que corresponda en Derecho. Si así no lo hacemos, pues deberemos asumir que nos estaremos pareciendo a ellos.

En este punto, poco importa si se trata del imputado de los peores delitos de lesa humanidad o de un simple sospechoso por delito común pues a todos ellos deben respetárseles -como estándar de validez de la decisión judicial que recaiga a su respecto- la libertad, el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el estado de inocencia y todas las demás garantías individuales como la del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable cuando está en estado de privación de la libertad (Arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).-

Si, en lugar de ello, presionamos a los jueces para que no apliquen la Constitución y la ley vigentes y resuelvan que en la República Argentina las prisiones preventivas pueden durar más allá de un plazo razonable, mucho más allá de éste tal como se verifica en los casos concretos que nos motivan a escribir estas líneas, entonces estaremos efectivizando las conductas reprochables que describe con tanta perfección la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el brillante fallo “Verbitsky” del año 2006.-

Aún se está a tiempo, provoquemos la reflexión y rectifiquemos el erróneo camino tomado por algunos políticos. Respetar la función jurisdiccional y defender a los magistrados que la ejercen, especialmente, desde los otros poderes del Estado es hacer docencia constitucional hacia la sociedad y trabajar por la vigencia de un ordenamiento jurídico que la ampara contra el despotismo y nos asegura, más allá de las crisis de coyuntura, antes o después, la paz y la Justicia.-

Carlos A. CHIARA DÍAZ
Oscar PANDOLFI
Marcelo MÓNACO
Héctor GRANILLO FERNÁNDEZ
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL PENAL -

En su nuevo libro, ¡Pobre Patria mía!, el ensayista analiza con preocupación el presente político de la Argentina

"Los Kirchner se encaminan a un Waterloo", advierte Aguinis Foto: LA NACION   /   Fabián Marelli

Carmen María Ramos
Para LA NACION

"Lo que quiero escribir es tan fuerte y tan claro que debo escupirlo. Me acosa la furia y quisiera estar sereno."

Hay indignación en Marcos Aguinis y se nota desde la primera línea de ¡Pobre Patria mía! , título con que apela al lamento final de Manuel Belgrano para expresar la congoja que le produce al autor este presente difícil e incierto de una Argentina que duele, entristece, lastima.

Con estilo ágil, eléctrico y visceral, que el propio autor identifica con el panfleto, el ensayista y psicoanalista admite que escribe desde la bronca, una bronca que se ha vuelto generalizada y casi permanente. "Debemos hacer algo, porque la Argentina merece otro destino", reclama.

Y dispara fuertes críticas al Gobierno. Dice que "la única política de Estado que funciona es la del soborno" y que "si existieran seguridad jurídica y respeto por la propiedad la crisis económica mundial habría sido una oportunidad brillante para la Argentina".

Aguinis es autor de otros títulos también dedicados a nuestro particular devenir, como El atroz encanto de ser argentinos (I y II) y Un país de novela. Su último libro, sostiene en una entrevista con LA NACION, es el resultado del coraje de atreverse a ver la dolorosa verdad de un acelerado deterioro que se profundizó en 2008. Se muestra, así, convencido de que "los Kirchner se encaminan a un Waterloo".

-Hasta marzo de 2008, cuando se inicia el conflicto con el campo, muchos creyeron que la Argentina estaba bien encaminada. ¿Por qué todo se descompuso de manera tan abrupta?

-Hace mucho tiempo que el país cambió sus tres pilares de oro -la cultura del trabajo, del esfuerzo y la decencia- por la mendicidad, el facilismo y la corrupción. Veníamos arrastrando una creciente ola de enfrentamientos estériles, inseguridad jurídica, deterioro de las instituciones, decadencia educativa, ausencia de políticas de Estado y el dramático déficit de una mirada estratégica sobre hacia dónde encaminar a la Argentina en los próximos años. En medio de esto estalla la guerra Gobierno-campo y encuentra a la sociedad conducida por quienes no entienden que la inclusión social y equidad en la distribución del ingreso no se alcanzarán ni por asomo con intereses mezquinos, demagogia e inercia social cómplice.

-¿A qué atribuye la imposibilidad de encontrar salidas superadoras?

-La democracia argentina se ha convertido en un autocracia gobernada por una sola persona que, para colmo, no conoce lo que significa la productividad, ya que toda su vida y su flamante fortuna personal estuvieron ligadas a la especulación financiera. Bloquear la productividad del campo significa la ruina de todos los actores ligados al sector. Es algo criminal, y todo porque los Kirchner quieren sacarle al campo para distribuirlo según sus conveniencias electorales. Lo perverso de un régimen como el que tenemos ahora es que necesita de la pobreza y la ignorancia para perpetuarse.

-¿Esto no lo comprenden los legisladores que se alinean automáticamente con el Gobierno?

-Aquí la única política de Estado que funciona es la del soborno. El dinero de todos es usado para favorecer el poder de la autocracia. El autócrata que nos gobierna tiene la psicología del tirano. Generalmente los tiranos no sólo generan enormes prejuicios, sino que terminan autodestruyéndose. Sólo así podemos entender que Kirchner se deje llevar por un capricho enceguecedor que le impide encontrar soluciones inteligentes, viables. En ninguna democracia el oficialismo ha dejado nunca de conversar y de escuchar a la oposición.

-¿Cree que ello es factible?

-El problema es que Kirchner padece de una suerte de esclerosis psicológica que lo aísla del mundo. En cuanto a Cristina, nos vendió una imagen falsa, de independencia, de capacidad, de vuelo propio. Pero no existe tal cosa. Es totalmente dependiente del marido y está atacada de anuncitis. Miente sin pudor al anunciar cosas que nunca se concretarán, como fue el caso de los hospitales y tantos otros. Sus desplantes son mezcla de soberbia, ignorancia y elementos histeroides que explican su obsesión por la apariencia y por sobreactuar sus dificultades de género. Nos hace quedar pésimo y su imagen en caída arrastra a todos los argentinos. Lo digo con total convencimiento: yo creo que los Kirchner se encaminan a un Waterloo.

-Los dirigentes surgen de la sociedad y el problema viene de arrastre. ¿Hasta dónde remontaría los orígenes de la decadencia?

-Durante muchos años la Argentina se fue infectando de populismo, de colectivismo, de pseudoprogresismo, y dejó de lado el sabio rumbo que había establecido la Constitución de 1853/60. Esa Constitución se juró cuando la Argentina era el país más desértico y miserable de toda América latina y en 50 años nos convirtió en el país más alfabetizado y culto de América latina.

-Pero después sobrevino la revolución de 1930.

-Antes del golpe de 1930 -todo golpe tiene un período de incubación- empezó el deterioro, influido por ideas estatizantes, colectivistas y finalmente totalitarias. El camino ascendente y democrático que la Argentina había empezado gracias al Acuerdo de San Nicolás y la Constitución se obstruyó hacia fines de la década de 1920. El golpe de 1930 fue la profanación extrema de la ley. Luego siguieron otros, cada vez más insolentes, y una profanación institucional incesante. Eso derivó en una confusión ideológica que hizo que la gente no supiera hacia dónde orientarse ni a quién apoyar.

-¿Cómo se sale de esto?

-Con una larga batalla en el campo de las ideas. Mi esperanza se orienta hacia los beneficios de las paradojas. Los grandes males que este matrimonio le está infligiendo al país pueden paradójicamente generar un consenso general de que debemos unirnos en pos de algunos puntos clave: calidad institucional, independencia de los poderes, políticas educativas y sanitarias, de defensa y de seguridad.

-¿Eso es posible?

-Ojalá pudiera firmarse un nuevo Acuerdo de San Nicolás, una suerte de pacto de honor para cumplir un consenso legislativo en temas de fondo para los dos años que faltan hasta 2011. En las próximas elecciones tenemos que apuntar a conseguir un congreso nuevo, independiente, lúcido, comprometido a restablecer la calidad institucional y efectuar los controles que una auténtica democracia debe ejercer sobre el Poder Ejecutivo. La Presidenta debe seguir hasta 2011 bajo estas nuevas condiciones, que, incluso, la ayudarían a gobernar mejor.

El personaje

MARCOS AGUINIS
Novelista y ensayista

• Profesión: médico y escritor.

• Edad: 74 años

• Nacido en: Córdoba

• Por su novela La cruz invertida ganó en 1970 el Premio Planeta de España. Aguinis es uno de los principales best sellers de la Argentina. Sus obras más importantes son Un país de novela , Refugiados. Crónica de un palestino , Elogio de la culpa , La gesta del marrano y El atroz encanto de ser argentinos , entre otras.

EL SABER POPULAR, QUE SE POTENCIA EN INTERNET

merece la pena leerse hasta la letra chiquita!!!!!!!!!

No se salva nadie!!!! "y en un mismo lodo todos manoseados" ...

UNA DESCRIPCIÓN NUESTRA, ¿ES AJUSTADA A LA REALIDAD?, QUE CADA UNO LO DECIDA EN CONCIENCIA

ARTÍCULO DEL DIARIO ALEMÁN

'BERLINER TAGEBLATT' SOBRE LA ARGENTINA (*)

La República Argentina es un país de gran belleza y digno de muchos  interrogantes que no son fáciles de responder.

Se trata de un país enigmático y misterioso, contradictorio e impredecible.. Los argentinos solían ser gente muy culta y conscientes de su situación, valoraban sus recursos y más de una vez dieron al mundo un ejemplo con su profunda cultura y su espíritu abierto a todo tipo de diálogo. Cosas que hoy, en pleno siglo XXI han desaparecido sin explicación racional alguna. La vida en la Argentina se ha transformado en algo riesgoso y delicado, algo parecido al 'farwest'. La economía no encuentra un rumbo creíble y la estabilidad política, hoy una vez más, está seriamente comprometida como consecuencia de los recientes y sucesivos gobiernos corruptos e indolentes..

El robo, el vaciamiento del Estado a través de las privatizaciones, la inestabilidad monetaria, el desmantelamiento de sus sistemas de defensa nacional, el muy bajo presupuesto para la educación y la salud pública, la emisión desmedida de moneda, el enorme déficit fiscal encubierto por el gobierno y las estructuras mafiosas que hoy tienen el poder, hacen que no podamos ver en la Argentina más que desconfianza y descreimiento. Ha dejado ya de ser un país creíble y confiable; su contradictoria  política exterior (acercamiento peligrosamente comprometido con Venezuela , Ecuador , Cuba y China) disgusta sobremanera a aquellos países de la UE que hasta no hace mucho albergaban esperanzas de que la Argentina sería un país en serio.

Ni siquiera los medios de comunicación argentinos informan la verdad de lo que está aconteciendo: incremento desenfrenado de la inflación, suba cada vez mayor de sus monedas referentes (dólar y euro), imparable tasa de desocupación y subempleo, ingresos cada  vez más bajos o estancados en estructuras de paridad propias de hace diez o quince años atrás, y ahora la enorme crisis productivo-institucional del único sector verdaderamente productivo de país: la agricultura.

Argentina nunca fue un país industrial; su única y verdadera fuente de subsistencia fue la producción agropecuaria y la exportación de productos primarios..  

Los gobernantes actuales pertenecen a un reducido grupo de terroristas de ultra izquierda muy activos en los años´70 que han instaurado hoy en dicho país un modelo autoritario y meramente electoralista, basado en la corrupción político-sindical que está llevando a este país sudamericano al límite de su propia autodestrucción. La violencia está latente en cada sector que se ve perjudicado por el accionar del gobierno de la Sra. Kirchner y su marido, el ex - presidente que oficia de Primer Ministro de facto, es quien domina la economía y los grupos sindicales y gremiales que operan de forma mafiosa a través de pactos y acuerdos clandestinos que perjudican  cualquier acción ciudadana.

Ya es sabido que el gobierno de la Sra. Kirchner no llegará a su término y será violentamente despojada de su cargo a corto plazo por  fuerzas civiles integradas por ciudadanos comunes y miembros activos del sector agropecuario. Lo más impactante de toda esta situación, es que los sectores productivos del agro que hoy protestan contra las usurarias y despiadadas retenciones, son grupos que están armados, tan armados como si fueran paramilitares o guerrillas urbanas y de los grandes cordones verdes de las grandes ciudades de ese país (Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza y la Patagonia), así como también están armados los grupos leales a la familia gobernante, lo cual nos hace sospechar que el futuro estallido social que se avecina en un corto y mediano plazo entre los argentinos será cruento y sangriento.

Es más que evidente que la Argentina deberá enfrentarse a su propia circunstancia, algo trágico y devastador, algo que los mismos  argentinos ignoran porque ni sus propios medios de comunicación se los informan. Y no hablamos de golpe de estado ni de dimisión,  sino de rebelión social y civil de sectores que ya muestran cada vez más su comprensible hartazgo e impotencia; sectores que en épocas anteriores pertenecían a la clase media; sectores que fueron los verdaderamente productivos en épocas pasadas y que hoy se encuentran totalmente desprotegidos y atacados sin motivo racional alguno.

Desde la UE observamos con preocupación la paulatina y lenta disolución de la Argentina y su trágica desaparición (que incluye también  la ampliación de la zona de exclusión de las Islas Malvinas, lo cual produciría la pérdida de importante territorio del suelo argentino en la  Patagonia, y tal plazo vence el 9 de mayo de 2009.).

De ahora en adelante sólo el pueblo argentino tiene en sus manos la decisión de cómo afrontar los acontecimientos que vendrán.

(*)(Artículo del diario

'Berliner Tageblatt', escrito por Ingeborg Hellige )

Traducido por Jordi Serra,

Barcelona