"Cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección, los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta; los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Los gobernantes no crean ese estado de cosas; lo representan. El mediocre ignora el justo medio, nunca hace un juicio sobre sí, desconoce la autocrítica, esta condenado a permanecer en su módico refugio. El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar, con el que piensa distinto. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro. Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos. Se comunica mediante el monólogo y el aplauso. Esta actitud lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz, y su adversario el error, la oscuridad. Los que piensan y actúan así integran una comunidad enferma y más grave aún, la dirigen, o pretenden hacerlo. El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, viejísimo problema que siempre desnaturaliza a la Justicia. No soporta las formas, las confunde con formalidades, por lo cual desconoce la cortesía, que es una forma de respeto por los demás. Se siente libre de culpa y serena su conciencia si disposiciones legales lo liberan de las sanciones por las faltas que cometió. La impunidad lo tranquiliza. Siempre hay mediocres, son perennes. Lo que varía es su prestigio y su influencia. Cuando se reemplaza lo cualitativo por lo conveniente, el rebelde es igual al lacayo, porque los valores se acomodan a las circunstancias. Hay más presencias personales que proyectos. La declinación de la "educación" y su confusión con "enseñanza" permiten una sociedad sin ideales y sin cultura, lo que facilita la existencia de políticos ignorantes y rapaces." Firmado: José Ingenieros.
sábado, 27 de abril de 2013
CUANDO LA INJUSTICIA ES DEMOCRATICA
Adam Dubove ~ Abril 27, 2013
Imaginemos por un momento que una chica veinteañera camina sola por un territorio descampado.
Imaginemos que de repente esta chica se ve rodeada por nueve hombres que tienen la intención de violarla, pero antes de tomar la iniciativa consideran justo someter el acto a una votación democrática en la cual todos tienen su derecho a ejercer el voto.
Imaginemos que de la votación, como era de esperar, resultan nueve votos a favor y uno en contra. En consecuencia, los nueve hombres proceden a violar a la chica.
Por supuesto, la víctima no consiente el resultado de la violación. Tampoco la votación que la precedió hizo más legítimo aquel acto abominable, ni cualquier mayoría especial podría legitimar una agresión contra la integridad física de otra persona.
Imaginemos que la chica, consternada por lo que le acaba de suceder, está abatida, y la pandilla que la violó democráticamente decide que su conducta debe ser evaluada por un tercero para que juzgue su accionar.
Imaginemos que, para seguir con el criterio democrático que caracteriza a la pandilla de violadores, se decide que ese tercero también debe ser elegido mediante el voto popular. El candidato A es propuesto por la víctima, el candidato B por los agresores. El resultado de la elección, como no podía ser de otra manera, es de nueve a uno a favor del candidato B.
El veredicto, como era de esperar, exonera a la pandilla de violadores.
Volvamos a la realidad. La situación imaginaria descripta en los párrafos anteriores despertará en todos los lectores una sensación de injusticia y, por más que a cada acto realizado por la pandilla precedió una votación democrática donde prevaleció la voluntad de la mayoría, pocos son los que afirmarían que ese acto convirtió lo injusto en justo, lo reprochable en elogiable. Reconocer lo contrario es incurrir en una falacia conocida como argumento ad populum.
Es por esto que en los diseños constitucionales de los países democráticos existen mecanismos para atenuar el poder mayoritario. No en vano el pensador político del siglo XVII Montesquieu consideró que era necesario desmembrar el poder del Estado y separarlo en diferentes poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, estableció la necesidad de un sistema de frenos y contrapesos mediante el cual los poderes del Estado se controlen mutuamente. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede vetar leyes sancionadas por el Congreso, el Poder Judicial puede declararlas inconstitucionales, y el Poder Legislativo puede celebrar juicios políticos contra los miembros de otros tribunales.
La llamada reforma judicial, el paquete de seis proyectos de ley que ya fueron aprobados o se encuentran en vías de aprobación, dependiendo el caso, es el rechazo a estos principios básicos para el funcionamiento de un país en el que se aspira a respetar los derechos individuales de los ciudadanos. Especialmente el proyecto que reforma, una vez más, el Consejo de la Magistratura, el organismo dedicado a la selección y control del desempeño de los jueces, que de aprobarse se convertiría en un órgano en el cual las pujas políticas y la decisión de la mayoría alterarían la independencia y la imparcialidad que deberían mantener. Al igual que en nuestro ejercicio imaginario, las mayorías serían quienes terminarían designando a los jueces, dándole un golpe de muerte al sistema de frenos y contrapesos que adopta nuestra Constitución y poniendo en riesgo la función de control de constitucionalidad del Poder Judicial.
La importancia de mantener un contrapeso antimayoritario en el Poder Judicial para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos fue explicada, en un rapto de lucidez, por Alexander Hamilton, co-autor de Los Papeles Federalistas, que en su artículo N° 78 hace referencia a la forma de seleccionar a los jueces:
Si el poder de hacerlos se encomendase al Ejecutivo, o bien a la legislatura, habría el peligro de una complacencia indebida frente a la rama que fuera dueña de él; si se atribuyese a ambas, los jueces sentirían repugnancia a disgustar a cualquiera de ellas; y si se reservase al pueblo o a personas elegidas por él con este objeto especial, surgiría una propensión exagerada a pensar en la popularidad, por lo que sería imposible confiar en que no se tuviera en cuenta otra cosa que la Constitución y las leyes
En otro de los artículos de El Federalista, el número 10, James Madison habla de las facciones:
Por facción entiendo cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto.
En estos momentos, en la Argentina, estamos viviendo el espíritu de las facciones. La manipulación de las mayorías para suprimir los derechos de una minoría a través de la reforma judicial es recrear la situación imaginaria de los violadores descripta al principio. Un grupo de funcionarios públicos que pervierte el sentido de la democracia para utilizarlo como mecanismo de supresión de los derechos de los demás.
Esta cosmovisión de que la mayoría puede avanzar sin problemas sobre las minorías ya fue expresada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien considera que en una democracia “las minorías tienen el deber de escuchar a las mayorías”. Esto afortunadamente no es así.
Hay otra previsión escrita en el art. 36 de la Constitución Nacional como el último freno para evitar el avance de estos dislates: el derecho de resistencia del pueblo, mejor explicado por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos:
Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad
La defensa de los derechos de las minorías no es un capricho; es la piedra fundamental de una sociedad libre, en la cual los derechos de las personas se respetan independientemente de su poder económico o político. La Argentina hace muchos años dejó de ser una república, pero sin dudas que esta reforma judicial, de prosperar, será el último clavo que faltaba para sellar el cajón.
viernes, 26 de abril de 2013
A ESTO VAMOS Y MUY RAPIDO
Diputados antichavistas no cobrarán hasta que reconozcan a Maduro
Lo anunció el presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello: “Es lógico y coherente. ¿Cómo le voy a pagar a un fantasma? Si no trabajan, no van a cobrar, y no trabajan porque no reconocen al presidente”. Ya les había negado el uso de la palabra
Crédito foto: EFE
El presidente del Parlamento es también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y aprovecha cualquier oportunidad frente a los micrófonos para amenazar a los diputados opositores que exigen transparencia en el recuento de votos tras las elecciones del último 14 de abril.
En esta oportunidad, en un discurso en el estado de Anzoátegui confirmó que no piensa autorizar las partidas salariales de los legisladores antichavistas. “Es lógico y coherente. ¿Cómo le voy a pagar a un fantasma? Si no trabajan, no van a cobrar, y no trabajan porque no reconocen a Maduro”, confirmó Diosdado Cabello.
Tras las elecciones, el candidato opositor Henrique Capriles desconoció la estrecha victoria de Maduro por 1,8 puntos y convocó a sus partidarios a movilizaciones por todo el país, que posteriormente dejaron nueve muertos y 78 heridos, según cifras del Gobierno.
La actitud, replicada por todos los diputados de la MUD, desató la ira chavista. De hecho, Cabello, en la sesión del último 16 de abril, ya les había negado el uso de la palabra “hasta que no reconocieran a Maduro”. Y el 17 sustituyó de las presidencias de las comisiones permanentes a los opositores.
En declaraciones al periódico venezolano Últimas Noticias, el diputado Carlos Berrizbeitia calificó la medida de extorsiva: “Lo deja peor parado ante Venezuela y el mundo”.
Para el diputado Rodolfo Rodríguez (AD), la medida anunciada por Cabello es “inédita en el mundo democrático”. Destacó que es una limitación a su libertad de expresión tratar de obligarlos a aceptar algo para que los dejen hablar.
jueves, 25 de abril de 2013
La democracia de hoy en América Latina
Nicolás Albertoni ~ Abril 25, 2013
Hace algunos días las redes sociales se han inundado de la etiqueta #SOSVenezuela aludiendo a la señal de socorro más utilizada internacionalmente, en este caso, para alertar sobre la difícil situación política que vive ese país. Asimismo, tras la forma en que actuó la Unión Naciones Suramericanas (Unasur), una vez que se desataron los conflictos en Venezuela, después de conocerse los estrechos resultados; el tema pasa a ser mucho más serio y trasciende las fronteras de un solo país.
La Unasur, lejos de mirar con objetividad lo que la mitad de un país reclamaba en las calles de Venezuela, se dio el lujo de decir desde Lima y a pocas horas de conocerse los resultados primarios: “respeten los resultados”. ¿Acaso hubieran dicho lo mismo si el escenario hubiera sido adverso a Maduro?
Si se hubiesen generado los conflictos que hoy vive este país en sus calles habiendo ganado Capriles, Venezuela seguramente ya estaría expulsada de la Unasur a las pocas horas de conocerse los resultados y se hubiera dejado sin efecto su proceso de adhesión al Mercosur, hasta tanto no se realicen nuevas elecciones. Si bien éstas son simples hipótesis, sabemos muy bien que no se alejan del escenario que podría haber existido si la balanza se hubiera volcado hacia el candidato opositor.
Esta situación actual de bloqueo para quienes se apartan del bloque ideológico mayoritario es totalmente perversa para nuestras democracias. Tal es la presión que ejerce esta nueva herramienta, que muchos países conocidos como moderados hasta el momento han acatado sorprendentemente mandatos que se alejan mucho de su histórico actuar diplomático. Tales son los casos de Perú, Chile y Colombia.
No debemos olvidar las penas que aplicaron a Paraguay por hechos que nadie puede negar que han sido dudosos desde el punto de vista constitucional, pero que pasan a ser excesivos al compararlos con el silencio que existió ante el accionar de Maduro cuando fallece el entonces presidente Hugo Chávez.
La Constitución de Venezuela indica que en caso de fallecimiento del mandatario, quien asume la presidencia es el titular de la Asamblea Nacional, es decir Diosdado Cabello, mientras que quien asumió bajo el rol de presidente encargado fue el entonces vicepresidente Nicolás Maduro. La respuesta que se dio a esta inconstitucionalidad fue que no se respetaría artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque el fallecido presidente había pedido expresamente que Nicolás Maduro ocupe su lugar si “algo llegara a pasar”. ¿Basta ese pedido para pasar por arriba el artículo constitucional? ¿Para la Unasur es ésta una respuesta razonable? ¿Acaso se la miró con los mismos ojos críticos por los que se observó a Paraguay ante la destitución parlamentaria del ex presidente Fernando Lugo?
La misma América Latina que el mundo mira con atención por vivir uno de los tiempos de bonanza económica más importantes de su historia -básicamente por el alto precios de las materias primas- actúa hoy bajo mecanismos políticos que distan mucho de una región que busca alcanzar el desarrollo no sólo económico sino también social y político.
Es muy importante subrayar, como siempre lo hacemos, que cuando lo que se busca es sentido común jamás debemos hablar de derechas o de izquierdas, de buenos o malos. Simplemente darnos cuenta de que la región no merece ser vista por el mundo como lo está siendo hoy.
¿Acaso es digno que un candidato presidencial deba tener que escuchar de boca de una ministra de Estado en conferencia de prensa: “Capriles, te estoy preparando la celda”?
Ésta no es la región que quisieron los libertadores que tanto citan los mismos que hoy, lejos de engrandecer un continente que tiene todas las condiciones
VALE TODO
José Benegas ~ Abril 25, 2013
El problema de la toma de la Justicia a partir de esta reforma que está tratando mientras escribo este artículo el Congreso en violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, es que a partir de ahora queda explícita la inexistencia de vínculo legal entre el gobierno y el resto del país. Poner a la justicia a disposición del Poder Ejecutivo equivale a transformar el resultado electoral en un acto de conquista y nos retrotrae al estado de naturaleza que describe John Locke en su Segundo Tratado del Gobierno Civil.
La partidización no es algo que haya que probar, no requiere un esfuerzo de interpretación, es el propósito expreso del oficialismo al hablar de “democratización”, de identificar a la facción más exitosa con la expresión del sistema en su totalidad. Como si no hubiera o no fuera legítimo que hubiera un otro más allá del poder. Fascismo del manual, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada.
El estado de naturaleza de Locke implica la ausencia de compromisos entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La acción de gobernar se transforma en un avance de facto sobre la libertad de las personas.
No tiene ninguna importancia si los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura obtienen mayorías abrumadoras en las próximas elecciones o si la facción que expresa este fascismo también triunfa, porque se están dando por terminados los presupuestos supracomiciales que vinculan a mayorías y minorías.
Precisamente el mayor elemento para sostener el compromiso de respetar a una eventual y circunstancial mayoría es que hay un poder del Estado encargado de custodiar la voluntad fundamental que no reconoce mayorías y minorías sino que abarca a todos; esto es la Constitución. Las minorías aceptan que otros gobiernan porque su voluntad de aceptarlo está implícita en ese instrumento, en la medida que ese instrumento y quien lo custodia que es el Poder Judicial amparan sus derechos y custodian la igualdad ante la ley.
El actual es un gobierno de facto, se ha colocado en esa situación al liberarse de las ataduras de cualquier pacto vincular, porque la constitución era lo que la justicia decía y a partir de ahora será una simple fachada para que los más disparatados caprichos presidenciales se lleven a cabo.
Nos espera la arbitrariedad y detrás de la arbitrariedad la corrupción total de los tribunales, custodiada por la corrupción total del Consejo de la Magistratura, esa panacea que los mismos asaltantes del poder de hoy nos vendían bajo la etiqueta de “calidad institucional”.
Rechazo la violencia por inconducente y porque a partir de ahí nada se puede construir, pero la Argentina ha ingresado hace rato en una guerra civil en la que la ciudadanía entra en contienda con el poder porque el poder se manifiesta como enemigo de los que no se someten a él. Contienda que es la expresión de quienes están fuera de la protección estatal del derecho de resistencia a la opresión, también reconocido en la Constitución, que deberá librarse con todos los métodos no violentos a la mano. No digo métodos pacíficos, sino sólo no violentos, porque la paz ha sido rota hace tiempo al no reconocerle a los extraños ni el derecho a su reputación, con militontos agentes estatales que se dedican a la difamación de los críticos.
Habrá que dejar la comodidad, para los que hasta aquí estuvieron cómodos. Lo que está claro es que el sistema de convivencia no se restablecerá en base a colaboración ni negociaciones por el reparto del presupuesto público. Es hora de otra gente y las manifestaciones espontáneas de una ciudadanía indignada son una consecuencia de ese cambio.
Queda la instancia de la justicia subsistente, se verá si hay pactos y si hasta acá hemos llegado con algún sentido de constitucionalidad. De cualquier modo no alcanzará, los tiempos judiciales son insuficientes para tratar con una andanada fascista.
Esa expresión “calidad institucional” ha sido usada con suma ligereza, como una forma anómica cuasitécnica de evadir el verdadero problema que es el de la libertad. No hay calidad concebible sino en función de un sistema de valores, los valores de nuestra constitución son los derechos individuales. En consecuencia a partir de ahora dependemos de la última “calidad institucional” de lo más básico que tenemos, esto es nosotros mismos ciudadanos, células elementales de toda república.
LACONSAGRACION DE LA ESCLAVITUD
Carlos Mira ~ Abril 25, 2013
Todos los disparates jurídico-institucionales que el país viene soportando desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia (aunque con un marcado increscendo desde que su esposa está en el cargo) se originan en un error matricial, de concepto constitucional básico.
Dicho error -que muchos entienden que no es un error sino una manifiesta decisión de cambiar el régimen jurídico del país- consiste en establecer como sinónimos la “democracia” y la “mayoría electoral”.
Según esta concepción, la democracia no sería el “gobierno del pueblo” sino el “gobierno de la mayoría”. Aunque estamos seguros de que la presidente no debe tener demasiada idea de quién fue Jean Jacques Rosseau, los pseudointelectuales que la rodean la han convencido de parte de sus ideas.
Según Rosseau -inventor del concepto de la “voluntad general”- lo que todo el pueblo piensa está como oculto hasta el día en que se vota. Ese día todo el pueblo da a conocer lo que piensa según haya sido la expresión de la mayoría. Es como si la mayoría asumiera las veces de un vocero de todos.
Este pensamiento, cuya falacia es notoria, se haya en la raíz del fascismo moderno. Si se aplicaran estos principios el resultado sería que los que perdieron la elección carecerían de todo derecho porque -en los hechos- ni se los consideraría “pueblo”; el “pueblo” es el que ganó, aquel cuya voz permitió descorrer el velo que mantenía oculto el pensamiento de todos. De esta base de razonamiento al totalitarismo media nada más que un paso.
Está claro que la democracia no es eso; la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno del pueblo, entendiendo por “pueblo” todos los ciudadanos, los que ganaron y los que perdieron una elección.
Si la democracia para ser tal debía hacer posible la convivencia de los que ganaron y de los que perdieron, resultaba obvio que había que organizar un sistema en donde esa convivencia pacífica fuera posible. Por lo tanto la democracia, más que una forma de gobierno (que, en realidad deberían ser divididas en “repúblicas” y “monarquías”) es un sistema de vida que permite la convivencia armónica y pacifica de personas con ideas diferentes que tienen igual derecho a alternarse en el poder.
Ahora bien, ¿cómo se logra el establecimiento de un sistema de vida que asegure la convivencia pacífica de personas de distinto pensamiento que tengan igual derecho a alternarse en el poder? Obviamente por el reconocimiento de derechos y garantías a los que perdieron, pues si sólo valieran los derechos de los que ganaron la convivencia armónica no sería posible. Fíjense ustedes el grado de paradoja y de distancia que hay entre el concepto clásico y constitucional de “democracia” y el que tiene el kirchnerismo: mientras éste sostiene que la democracia es el gobierno de la mayoría, la Constitución cree que la democracia se define como un sistema de derechos y garantías para las minorías. Es notable.
Pero ¿por qué debemos considerar que quien está en lo cierto es la Constitución y no el kirchenrismo “rosseauniano? Muy simple, porque si el kirchnerismo rosseauniano tuviera razón, las minorías deberían callarse, morirse o emigrar. ¿Y podría llamarse a eso “democracia”? No… Al menos mientras la Constitución de 1853 este vigente.
Las consecuencias prácticas de este error (¿o “convicción conveniente”?) se traducen en lo que estamos viendo a diario: el gobierno está dispuesto a aplastar todo lo que no coincide con su antojo, porque considera que sus antojos son los antojos del pueblo entero y que los que se oponen son enemigos de la Patria, poco menos que antiargentinos.
El gobierno está en estado de rebelión contra el concepto de democracia que surge de la Constitución. No busca la convivencia pacífica de personas de distinto pensamiento con igual derecho a alternarse en el poder sino el sometimiento completo de los que perdieron a su voluntad que por, las mismas razones, debe ser eterna.
Cuando frente a su pretensión de avanzar en este sentido, empiezan a sonar las alarmas constitucionales y a ponerse en marcha los mecanismos de defensa de lo que la Constitución entiende por democracia, se desata la batalla de la que estamos siendo testigos cada vez con mayor intensidad. El gobierno le ha declarado la guerra a la Constitución y, mientras ella esté vigente, si el gobierno lograra imponer su criterio, estaríamos frente a la increíble paradoja de tener un gobierno anticonstitucional, constitucionalmente elegido. Delicias de la Argentina… Obviamente la mayor ofensiva de esta guerra es la que la señora de Kirchner ha lanzado contra la independencia del Poder Judicial.
Para que la democracia pudiera ser definida como surge de la Constitución, era necesario darle carnadura a los derechos reconocidos a todos los ciudadanos (en la categoría de “ciudadanos” por supuesto que ingresan todos los habitantes, ganadores y perdedores de una elección, aunque, justamente, para explicar el concepto constitucional de “democracia” se enfatiza la idea de los derechos y garantías reconocidos a las minorías, porque se supone que las mayorías los disponen por haber ganado). Por “carnadura” entendemos la viabilidad práctica de los derechos: de nada vale escribir un listado de buenas intenciones si luego ellas carecen de un sistema de defensa que, cuando estén en peligro, se ponga en funcionamiento para defenderlas. No hay derechos allí donde ellos están escritos pero no pueden ser defendidos cuando son atacados.
Por lo tanto la creación de un poder independiente que pudiera discernir la razón frente a una determinada disputa, con independencia del criterio “ganar/perder una elección”, era indispensable para formalizar la democracia como un sistema de vida que permite la convivencia pacífica de personas con pensamientos diferentes. Si esos pensamientos diferentes, justamente, desembocaban eventualmente en un conflicto, la pertenencia de una de las partes al contingente de “los que ganaron” no debería ser óbice para que el poder independiente le diera la razón a la parte cuyo pensamiento coincidía con el contingente de “los que perdieron”. Este razonamiento parte del principio de que en una elección se decide quién gobierna, pero no quién tiene razón.
Cuando el gobierno empezó a llevarse por delante derechos de personas que pensaban distinto que él, esas personas recurrieron a los jueces. “Por favor, dennos su protección”, fue el ruego del momento. Los jueces, en muchos casos, la concedieron. Y ése fue el comienzo de la guerra.
Está claro que el lograr la aplicación plena de la Ley de Medios contra Clarín le ha costado jirones de institucionalidad a la república hasta depositarla en el umbral mismo de dejar de serlo. La presidente, cuando el Poder Judicial concedió las medidas de protección al grupo periodístico, no dudó en presentar los proyectos que hoy se están discutiendo y que, en palabras simples, terminan con la justicia independiente y con el sistema de derechos. La presidente se guió por el famoso principio de “muerto el perro, se acabó la rabia”: “si hay alguien que tiene el poder de darle la razón al que me estorba, entonces elimino a ese ‘alguien’ y asunto terminado”. Una vez más: los derechos no serán tales allí donde no pueda defendérselos cuando sean atacados. ¿De que servirá, por ejemplo, el derecho de propiedad si, cuando alguien (el propio Estado), me quite mi casa no dispondré de un conjunto de medidas de protección que eviten que el atropello se concrete y de alguien con poder para dictarlas?
Eso y no otra cosa son las medidas cautelares que tanto irritan a la presidente. Y eso y no otra cosa es el Poder Judicial. Esas medidas y ese Poder son la “carnadura” de los derechos. Sin las cautelares y sin los jueces es como si, a los efectos prácticos, los derechos no existieran.
El escenario de contradicción que la señora de Kirchner ha planteado entre la sociedad civil y el Estado está a punto de alcanzar su éxtasis. Si las medidas que hoy están en la Cámara de Diputados se aprobaran, la ciudadanía pasará a ser esclava de los funcionarios. Se habrá creado un orden jurídico palmariamente desigual por el cual quienes se sientan en los sillones del Estado siempre tendrán razón (porque ganaron) y nunca serán culpables (porque como ganaron tienen razón y quienes tienen razón no pueden ser punibles, porque sería contradictorio pensar que se le pudiera imputar algo a quien tienen razón.)
Será la consagración de un cambio de paradigmas sin antecedentes en toda la historia institucional argentina desde 1853 hasta hoy. El sistema nacido para que pudieran convivir quienes pensaban distinto y para que todos ellos tuvieran iguales chances de alcanzar el poder, se habrá convertido en un esquema de esclavitud ni siquiera a los que ganaron (mayoría) sino a las personas reales de carne y hueso que fueron elegidas por esa mayoría. Esos funcionarios se transformarán en verdaderos amos. Que nadie vaya a creer que, en el mejor de los casos, se estará consagrando la “esclavitud a la palabra y los deseos del pueblo”. El “pueblo”, como entelequia abstracta, no tiene ni palabra ni deseos. La relación de esclavitud se establecerá -como no puede ser de otra manera y como fue siempre – entre personas: entre los funcionarios amos y los ciudadanos esclavos. Ni siquiera los ciudadanos cuyo pensamiento coincida con el de los amos estarán a salvo: bastará que un día quieran ejercer sus derechos en contra de la voluntad de aquéllos para que un rebencazo los ponga en su lugar.
miércoles, 17 de abril de 2013
Gils Carbó y los “Jorges” Carlos Mira ~ Abril 17, 2013
Los que quieran tener una versión adelantada de lo que será la Argentina sin Justicia -o, lo que es lo mismo, el país bajo la “Justicia democratizada”- sólo deberían prestar atención a lo que ha ocurrido con el Ministerio Público Fiscal desde que la presidente echó al procurador Esteban Righi (luego de que Amado Bodou lo acusara falsamente de tráfico de influencias en el caso Ciccone [Righi en realidad "renunció", pero a buen entendedor, pocas palabras]) para colocar allí a Alejandra Gils Carbó, luego de que su primer intento de coronar al impresentable de Daniel Reposo fracasara abiertamente por la intríseca ignorancia y brutez que el candidato mostró en las audiencias del Senado.
La señora Gils Carbó, el mismo día que asumió, se puso a “disposición de lo que la presidente necesitara” (esas fueron sus palabras textuales) cuando en realidad el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente y autónomo del Poder Ejecutivo cuya principal misión es defender los intereses de la sociedad frente al Estado y generar la actuación de oficio cuando el patrimonio y los recursos de todos los argentinos estén en peligro.
Desde que está en su puesto, Gils Carbó no ha hecho otra cosa que sobreactuar su genuflexión frente a la presidente. Es más, desde su sillón encabezó un movimiento público para respaldar el avance del poder ejecutivo sobre el Poder Judicial en lo que finalmente anunció la señora de Kirchner hace una semana.
Desde que el programa PPT de Jorge Lanata emitió al aire un informe con muy serias pruebas que involucran al ex presidente Kirchner en maniobras corruptas viabilizadas por su socio Lázaro Báez a través del dinero de la obra pública que el Estado le concedía a la empresa del ex empleado bancario santacruceño, la señora Gils Carbó no ha instruido a ningún fiscal para que tome cartas en el asunto e investigue qué se hizo con ese dinero aspirado de los bolsillos inocentes de los argentinos.
A este momento no se conoce una sola iniciativa del Ministerio Público que pretenda indagar sobre los dichos de los “arrepentidos” que declararon por TV el domingo a la noche.
Uno de ellos, Leonardo Fariña, llegó a mensurar la fortuna de Baez (a quien no dudó en identificar como socio de Néstor Kirchner) en U$S 5000 millones que se encontrarían depositados en efectivo en la bóveda del la ex sucursal del Banco Hipotecario de Río Gallegos que Baez habría hecho trasladar a su estancia cuando el banco cerró esa dependencia.
La denuncia, con abundante documentación, de estos hechos, sin embargo, no ha hecho que Gils Carbó moviera un dedo. Su movimiento quinta columna “Justicia Legitima” sí se cansó de emitir comunicados para respaldar el avance de la presidente sobre la imparcialidad del Poder Judicial, pero de esto no ha dicho ni hecho nada.
En esta realidad se haya resumido el futuro que le espera a los argentinos cuando sus intereses individuales aparezcan en controversia con los del Estado (es decir, de ahora en más, con los caprichos y las ocurrencias de la presidente): ningún juez actuará, como así tampoco actuaron los fiscales dirigidos por la teóricamente “independiente” Gils Carbo en el caso de Baez/Kirchner.
Otro costado de esta cuestión es el ingente esfuerzo del gobierno y de sus medios controlados para que lo que claramente es el caso “Baez/Kirchner” (o “Baezgate”, como prefieran) sea presentado como el caso “Fariña/Rossi” o, peor aún, como una farandulesca versión de Karina Jellinek y de Ileana Calabró que termine discutiéndose en Intrusos, el programa de Jorge Rial.
La verdad es que a veces el destino cruza tragicómicamente lo que el poder jamás hubiera querido que se crucen. Que el estallido del Baezgate se haya producido en la misma semana en que la presidente pomposamente anunció que la Justicia para ser democrática debe fallar siempre en el mismo sentido que se expresa la voluntad de los funcionarios elegidos por la mayoría circunstancial de una elección, es una ironía casi sobrenatural.
Resulta que el mismo poder que se autoatribuye ser la voz inatacable del mismísimo pueblo, frente al que ningún individuo puede retobarse y frente al que ninguna Justicia puede dictar un fallo que lo contradiga, es aquel que desvía fondos que ese mismo pueblo paga trabajosamente a través de sus impuestos para engordar los bolsillos privados de personas privadas que, despojadas de todo su ropaje de poder público, deberían ser iguales que nosotros frente a la ley.
No puede más que seguir resultando paradójico que el gobierno que eleva lo “publico” prácticamente al estadio de la divinidad y condena lo “privado” prácticamente al escarnio de lo inmoral use el resultado dinerario del esfuerzo de millones para enriquecerse privadamente y que luego utilice la misma estructura del poder público para no investigar, para cajonear y para desviar la atención de la causa.
Estamos frente a un momento decisivo de la historia democrática (si es que se le puede dar ese nombre) del país. En muchos otros, por mucho menos, los gobiernos debieron dar una profunda cuenta de lo que hicieron y señalar con nombre y apellido a los culpables.
¿Estará la Argentina a la altura de las circunstancias? ¿O lo que se denunció seriamente en el programa de un “Jorge” (Lanata) terminará diluido banalmente entre plumas de vedettes en el programa de otro “Jorge” (Rial)?
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