Como abogado, he nacido profesionalmente entre casos sonados, algunos de los cuales han levantado, discusiones mediante, los ánimos de rebeldía hormonal propia del pasionismo juvenil y excitado la indignación de ver la justicia invadida por la política, el nivel de prejuzgamiento de algunos medios y la violación de principios constitucionales, que me fueron enseñados como sacros.- Quizás, porque considero, que ha llegado el tiempo de la reflexión, es que me atrevo a expresar, públicamente, mis opiniones, sobre todo luego de leer una nota, en el diario “El Ancasti” de Catamarca, que sostiene que Guillermo Luque es un rehén político de la democracia.- Hacerlo me ha hecho bien, lo que de ninguna manera significa, ni esta nota quiere significar, que me crea el dueño de la verdad absoluta, sino me siento dueño de una verdad que surge de la inquietud por conocer los hechos de este proceso y del paulatino conocimiento que me traen las piezas que leo y analizo.-
Por eso creo que ya acallado el espíritu inquisidor de los políticos en batalla, alejadas en el tiempo las sordas luchas de poder y el negocio mediático sobre cuestiones políticas y no jurídicas, es necesario dar paso a la justicia, aún más, es necesario reivindicar la justicia como el valor primero que le atribuye San Agustín, por tanto es necesario corregir ese esperpento jurídico que es el proceso penal que llevó a la condena de Guillermo Luque y otro.- Nos atrevemos a sostener que esta revisión es un ejemplo sano para una sociedad, que debe recuperar la fe en una justicia independiente, objetiva y constitucionalmente designada.-
Analizar cada una de las tropelías en contra de la garantía del debido proceso y los escollos puestos para ocultar la verdad real, es una tarea titánica, no solo por lo incomprensible que resultan las conductas de jueces y fiscales, sino además porque, vista la actual tendencia de la Corte Suprema de Justicia de respeto irrestricto a los sanos principios del derecho penal, como derecho de excepción, hace que brote una indignación total por tan severo ataque al Estado de Derecho.-
Ayer resultaba imposible reabrir una causa y reveer una sentencia injusta, hoy los nuevos aires que oxigenan la esperanza de un país descreído, lleva a la doctrina penal y a la jurisprudencia a sostener la revisión de la cosa juzgada cuando los vicios de la misma son tan evidentes, que exceden los límites normales del error.- A partir de la reforma constitucional de 1994 se ha introducido una tendencia internacional que determina la primacía constitucional, es decir la Constitución por encima de las leyes (como siempre debió ser).-Antes, y todavía algunos bolsones de autoritarismo lo ejecutan, los derechos se garantizaban en la medida en que eran protegidos por la ley, un acto administrativo o una sentencia.- Hoy no es el derecho la medida de los derechos, sino por el contrario son los derechos la medida del derecho.- Al decir de un autor colombiano, los derechos fundamentales son el prisma desde cuya óptica se debe interpretar y aplicar el derecho ordinario.-
En nuestro país dos o tres sentencias, entre ellas la dictada en contra de Guillermo Luque, son la medida de la crisis de legitimación de la justicia penal que es percibida por la comunidad en su conjunto.- Creemos que casos como este imponen una conducta respetuosa de la principal finalidad de un proceso penal que, no es otra, sino obtener dentro de lo humanamente posible, la demostración obligatoria, por parte del Estado, de la culpa, más alla de toda duda razonable, de un ciudadano sindicado como responsable de una violación a la ley penal.- Y, que, en esta causa transita como en pocas, por la necesidad de una revisión que produzca, a la luz de los hechos y las conductas una valoración sensata y ajustada a derecho de la prueba,- En definitiva es necesaria la reaparición de la justicia como tal JUSTICIA CON MAYUSCULA, es decir cumplir con el preámbulo de nuestra Constitución y “…AFIANZAR LA JUSTICIA…”
E.C.Cabrera
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